Revista Casa Mediterráneo

José María Fernández Villalobos: “El modelo de cooperación judicial existente entre España y Marruecos es un ejemplo de eficacia, de respeto y de confianza entre dos países hermanos”

en noviembre 17, 2020

‘La cooperación al desarrollo en materia de justicia en el Mediterráneo’ será objeto de análisis en una conferencia virtual de Casa Mediterráneo el próximo martes 17 de noviembre a las 19 horas, a cargo de José María Fernández Villalobos, Magistrado de Enlace de la Embajada de España en Marruecos, y Javier Samper Orgiles, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que será moderada por la periodista Sonia Marco.

De forma previa al evento, un debate divulgativo sobre la cooperación de España con los países de la ribera mediterránea en materia de justicia, mantuvimos una entrevista con José María Fernández Villalobos, uno de los magistrados con mayor experiencia internacional con los que cuenta nuestro país en la actualidad, para conocer en qué consiste su labor, los proyectos llevados a cabo entre España y Marruecos y los desafíos de futuro.

¿En qué consiste su trabajo como Magistrado de Enlace de la Embajada de España en Marruecos?

En primer lugar quisiera agradecer a la Casa del Mediteráneo la oportunidad que a través de esta entrevista me da para acercar la figura del Magistrado de Enlace a todos aquéllos que puedan tener interés en profundizar en el conocimiento del campo de la cooperación judicial internacional en general, y en la forma en que España lo hace a través de esta figura, en particular.

Del mismo modo, creo conveniente también comenzar matizando que el Magistrado de Enlace, en realidad, no es que sea “de la Embajada”, resulta más adecuado decir que es el Magistrado de Enlace del Reino de España en el Reino de Marruecos, pues en realidad aunque es cierto que, en mi caso, mi despacho físico lo tengo ubicado en la Embajada de España, nuestra regulación normativa se encuentra desarrollada en el RD 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción exterior en materia de justicia. Es importante esta matización para comprender, en consecuencia, que nuestra dependencia orgánica es del Ministerio de Justicia español aunque funcionalmente sí dependamos, al menos parcialmente y para determinadas actuaciones, del Jefe de la Misión Diplomática donde nos encontremos destinados. A fin de añadir información complementaria señalar que como Magistrado de Enlace poseo otro despacho que ha sido puesto a mi disposición por las autoridades marroquíes y que se encuentra ubicado en el propio Ministerio de Justicia marroquí, donde en realidad desarrollo la mayor parte de mi trabajo.

A fin de intentar explicar de una manera fácilmente comprensible qué es un Magistrado de Enlace, lo cual lo considero como paso previo a explicar sus funciones, diría que por encima de todo es un facilitador de la Cooperación Judicial internacional entre diferentes Estados con todo lo que ello implica. Y digo con todo lo que ello implica porque, por un lado, el término facilitador en sí mismo pone de relieve la esencia de nuestro trabajo y que no es otro que “Hacer fácil o posible la Cooperación Judicial entre el país que nos acoge, en mi caso Marruecos, y nuestro país de procedencia (La RAE define el término facilitar como “Hacer fácil o posible algo”) .

En todo caso me he referido como función esencial que desempeñamos a la que consiste en facilitar el auxilio judicial entre ambos países, pues no deben de excluirse otras funciones directamente relacionadas con la misma como sería la de apoyar a las autoridades judiciales competentes en la redacción y ejecución de solicitudes de auxilio o reconocimiento mutuo (para el caso de las Magistraturas de Enlace en la Unión Europea) u otras de diferente naturaleza como pueden ser las de carácter institucional en el ámbito de justicia prestando apoyo a iniciativas o actividades promovidas por el propio Ministerio de Justicia u otras instituciones del ámbito de justicia como pudieran ser el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, emisión de informes, intercambiar información con las autoridades del país de destino, promover y reforzar las relaciones con la autoridad central y las autoridades judiciales competentes del país de destino, etc. Actualmente las funciones que nos corresponden están determinadas en el art.11 del R.D. 242/2019 antes mencionado.

Sin duda, toda cooperación, entendida en su sentido más amplio, y la cooperación judicial en particular, están basadas necesariamente en el respeto recíproco y la confianza mutua.

Para acercar un poco más esta figura yo diría que cuando se piense en un Magistrado de Enlace se debe pensar en un profesional, necesariamente se tratará de un juez o un fiscal, que en consecuencia tiene un excelente conocimiento del sistema judicial de su propio país (y del país que lo acoge) y que posee, además, una experiencia consolidada en el campo de la cooperación judicial internacional, así como un extenso conocimiento de la normativa que la regula. Pero esta aproximación a la figura del Magistrado de Enlace quedaría incompleta si no fuéramos conscientes de la importancia de las características personales que debieran acompañar al mismo. Lo que quiero decir es que la cooperación judicial internacional que se sustenta en el Magistrado de Enlace necesariamente pasa por la relaciones personales entre dicho magistrado y sus interlocutores del país donde desarrolla su función. Sería un error no tener en cuenta la importancia del factor humano si aspiramos a desarrollar una cooperación judicial eficiente pues al final de la misma, por más que podamos contar con las herramientas técnicas más adecuadas o uso de las nuevas tecnologías, siempre, siempre, hay una persona tomando una decisión. Y si me permiten que lo resalte, si hablamos de la importancia de las relaciones personales (esencialmente de la necesidad de confianza mutua) ésta es absolutamente un factor cultural clave en los países que tenemos la suerte de estar bañados por el Mediterráneo, donde, a mi entender, sin esa confianza mutua los resultados nunca pueden ser los mismos. 

Sin duda, toda cooperación, entendida en su sentido más amplio, y la cooperación judicial en particular, están basadas necesariamente en el respeto recíproco y la confianza mutua. Y tanto el respeto como la confianza hay que ganárselos en el día a día.

A modo de conclusión, y sin pretender simplificar el concepto de Magistrado de Enlace, creo que podríamos decir que el mismo, finalmente, desarrolla una labor de  diplomacia judicial al aunar en el desempeño de sus funciones tanto sus conocimientos jurídicos-técnicos de la materia como su capacidad diplomática para solventar y facilitar las posibles dificultades que puedan surgir en el ámbito de la  cooperación judicial o de naturaleza institucional-judicial, entre otros.    

               

¿Cuáles son los principales convenios bilaterales en materia de cooperación judicial firmados actualmente entre ambos países?

Yo distinguiría, por un lado, entre los convenios relativos a la asistencia judicial en materia penal y civil, en sentido estricto, y aquéllos que no pueden considerarse como tales aún debiendo de encuadrarse en el campo de cooperación judicial internacional.

Desde esta perspectiva, en el primer grupo, se encuentra el Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 y el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial penal hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. En el primero, de ámbito civil, mercantil y administrativo se regulan materias como la de traslado de documentos, notificaciones, transmisión de comisiones rogatorias, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, sentencias arbitrales y documentos auténticos, etc. En el segundo, de materia penal, se regula, además de la forma en la que han de realizarse la ejecución de las solicitudes en cuestión, aspectos más concretos como la entrega de objetos, de documentos procesales y notificación de resoluciones, citación de peritos y testigos, entregas vigiladas, registro, incautación y congelación de haberes, etc.

En el segundo grupo destacan el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia a personas detenidas y al traslado de personas condenadas firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 donde se regulan aspectos como la asistencia consular a las personas detenidas o los principios generales que deben de regir dicho traslado y el Convenio de Extradición entre el Reino de España y de Marruecos firmado en Rabat el 24 de junio de 2009, donde se regula esencialmente el procedimiento de la misma incluyendo los motivos por los que podría denegarse, entre otros aspectos. 

En todo caso, y simplemente con la intención de dar una visión más amplia, tampoco podemos olvidar los convenios multilaterales donde ambos países también son parte.

¿Los proyectos obedecen a las necesidades que les plantean las autoridades marroquíes?

Mi participación como Magistrado de Enlace en la proposición y elaboración de proyectos, en el ámbito judicial claro, es de carácter meramente técnico y sólo cuando soy requerido para ello. En este sentido quiero destacar el trabajo realizado por la OTC, Oficina Técnica de Cooperación, de la Embajada de España en Marruecos y en consecuencia el trabajo que ha desarrollado la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Sin duda el trabajo que están realizando tanto el Sr. Ignacio Martínez Boluda, actual Coordinador General de la oficina, como el Sr. José Soriano García, responsable de programas (y sus antecesores) están permitiendo una consolidación y permanente mejora en el ámbito de la cooperación. Ellos son los realmente responsables y artífices de los mismos. Yo no dejo de ser un mero colaborador del excelente trabajo que dicha oficina técnica, y el equipo humano que lo compone, desarrollan.

Desde esta perspectiva mi intervención como Magistrado de Enlace viene dada por la posición privilegiada del mismo como interlocutor en el ámbito judicial marroquí y por las excelentes relaciones personales y profesionales que te permiten desarrollar un permanente intercambio de experiencias y opiniones con tus interlocutores tanto en el Ministerio de Justicia, en la Presidencia del Ministerio Público, en el Consejo Superior del Poder Judicial o el Instituto Superior de la Magistratura. Teniendo en cuenta este contexto es fácil que se establezcan conversaciones sinceras y francas que permiten identificar conjuntamente aquellos aspectos donde las autoridades marroquíes identifican sus necesidades y donde nosotros, como país colaborador, podemos intervenir teniendo en cuenta nuestras fortalezas y características propias. En definitiva, y contestando a su respuesta, yo diría que todo proyecto necesariamente debe de obedecer a la identificación previa de las necesidades en cuestión. 

En este sentido, y ya desde la propia planificación estratégica de la cooperación española está claramente presente la contraparte marroquí. El instrumento utilizado es el Marco de Asociación País (MAP), instrumento que se entiende como una estrategia de asociación con el país socio, en el que, a través del diálogo conjunto, se refuerce el protagonismo y el liderazgo del país en su propio desarrollo. El MAP vigente entre el Reino de Marruecos y el Reino de España fue fruto del trabajo conjunto de ambos países con la participación de representantes de distintos ministerios, la administración territorial y local, las instituciones parlamentarias, la sociedad civil y el sector privado. 

En dicho MAP, aprobado en el año 2014, y que se encuentra vigente al ser prorrogado el año pasado, se estableció como uno de los tres objetivos estratégicos, la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, teniendo la cooperación española el rol de apoyar el proceso de desarrollo y consolidación de los avances introducidos en la nueva Constitución de Marruecos aprobada en el año 2011, brindando a Marruecos su experiencia previa en el ámbito judicial o la descentralización administrativa.

Dentro de la orientación estratégica que acabo de mencionar, la primera línea de acción de la misma es la promoción del Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Humanos. Tomando como referencia la Carta de reforma del sistema judicial, aprobada por Marruecos en el año 2013, el objetivo de la cooperación española es apoyar los objetivos recogidos en ella, acercando la justicia a los ciudadanos y mejorando su independencia y eficacia.

No quisiera terminar de responder esta pregunta sin hacer referencia a FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), que también desarrolla una gran labor, entre otros muchos campos, en el ámbito de justicia. 

Usted tiene amplia experiencia internacional, entre otros campos en el de la formación para fortalecer las instituciones judiciales de los países de la ribera mediterránea (Euromed-Justice 2 y Euromed-Justice 3) ¿Qué proyectos en materia de justicia en general, y de formación en particular, han desarrollado y tienen en marcha actualmente en Marruecos desde la Embajada de España en Rabat?

Creo que hay que comenzar hablando de la importancia de la formación. En mi opinión la formación, y lo digo en general, es uno de los pilares esenciales que permite contribuir a mejorar el mundo. Honestamente estoy convencido de que sólo siendo conscientes del poder de transformación y de mejora que tiene la formación podemos darnos cuenta del esfuerzo que merece que le dediquemos. 

Han sido muchos años actuando como Director de Formación de los Proyectos Euromed-Justice II y III. Ello me ha permitido poder tener la oportunidad de compartir numerosas actividades de formación con los países que tomaron parte en dicho proyecto (Argelia, Marruecos, Túnez, Líbano, Egipto, Israel, Palestina, Jordania esencialmente y Siria y Libia de un modo más limitado) y puedo asegurarle que el proceso de fortalecimiento del ámbito de la cooperación judicial en el área euromediterránea ha sido patente, además de haber contribuido a facilitar un mejor  conocimiento mutuo y recíproco entre los participantes de los diferentes sistemas judiciales de los países intervinientes. 

Volviendo a la pregunta relizada, a pesar de la miríada de actores que forman parte de la cooperación española (cooperación descentralizada a través de Comunidades Autónomas y Entidades Locales; cooperación universitaria; proyectos ejecutados por ONGD, etc.), la mayor parte de la cooperación en el ámbito judicial se lleva a cabo a través de subvenciones bilaterales a instituciones como el Ministerio de Justicia o Instituciones Penitenciarias, ejecutadas directamente por la AECID. 

Con respecto a los procesos en fase de ejecución, hace unas semanas ha comenzado la fase de ejecución de un proyecto de cooperación técnica de la AECID con el Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo reforzar sus capacidades institucionales a través del intercambio de experiencias con España, circunscribiéndose a la modernización en la administración de justicia, la justicia penal y los desafíos de la adaptación electrónica por parte de dicha institución. Además, en las próximas semanas, está prevista el inicio de un proyecto gemelo del anterior con el Ministerio Público, en el que al igual que el anterior, habrá un intercambio de experiencias y acompañamiento de la Fiscalía General del Estado en el proceso de reformas y modernización de su homólogo marroquí. 

Aunque la mayor parte de los proyectos son bilaterales de cooperación técnica bilateral, el MAP reconoce la posibilidad de intervenir también a través de subvenciones a ONGD locales circunscritas al ámbito de la infancia y de mujeres en situación de vulnerabilidad. Actualmente la AECID financia una intervención a la asociación Droits et Justice, que tiene como objetivo general difundir el acceso a la información jurídica sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, centrándose en la sensibilización de las mujeres, los actores institucionales y la sociedad civil, sobre las leyes vigentes y los derechos específicos de las mujeres.

Desde otra perspectiva, también merece ser destacado el proyecto titulado “Appui por la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l´Institut Supérieur de Magistrature”, financiado por la Unión Europea y, donde en consorcio con Bélgica y Francia, tuvimos una participación muy relevante a través del CGPJ y Escuela Judicial española.

Sin pretender ser exhaustivo, y para terminar de tener una visión actual en este aspecto, destacar que España, a través de la Fiscalía General del Estado y Fiiapp, ha sido seleccionada para desarrollar el proyecto financiado por la Unión Europea dirigido al fortalecimiento del Ministerio Público marroquí. Proyecto que ha retrasado su inicio temporalmente por causa del COVID-19.

¿Cómo definiría el estado de las relaciones actuales con las autoridades marroquíes? 

Sin duda yo la definiría de excelentes. Estoy convencido que el modelo de cooperación judicial existente entre España y Marruecos es un ejemplo de eficacia, de respeto y de confianza entre dos países hermanos. Con ello no pretendo decir que no haya aún camino por recorrer o que no haya aspectos que podamos y debamos mejorar. En todo caso, al menos personalmente, estoy convencido de que dada la buena relación existente actualmente entre ambos países y la voluntad de seguir mejorándola seremos capaces de ir encontrando soluciones a esas dificultades que en el día a día seguimos observando y que pueden ser susceptibles de mejora.

¿Cuáles son los principales desafíos de futuro?

Creo que el principal desafío de futuro comienza en el presente. Quiero decir que se ha hecho un trabajo muy serio, profundo y sereno que ha permitido consolidar la cooperación judicial entre ambos países, siendo un modelo de eficacia como antes expuse. Partiendo por tanto de un modelo de cooperación ya consolidado, ahora se trata de ser capaces de saber fortalecerlo, desarrollar al máximo su potencial y, sobre todo, ser conscientes de la necesidad de adaptarlo desde un punto de vista funcional y normativo a los desafíos y nuevas circunstancias y realidades que el siglo XXI está poniendo de relieve. 

Las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicación y en definitiva la nueva forma de vivir están llevando a una nueva forma de criminalidad que requiere un esfuerzo de adaptación y renovación permanente.

A modo de ejemplo, podemos observar que la criminalidad organizada, en general, y la criminalidad organizada transnacional, en particular, evoluciona permanentemente para dificultar las labores policiales y judiciales. El concepto de presencia física en un determinado lugar para poder cometer numerosos hechos delictivos hoy está completamente superado, una organización criminal, o incluso una única persona, puede estar presente en diferentes continentes sin tener siquiera una presencia física. Las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicación y en definitiva la nueva forma de vivir están llevando a una nueva forma de criminalidad que requiere un esfuerzo de adaptación y renovación permanente. Por otro lado, y de manera inherente, la existencia de un mundo virtual plenamente incorporado a la vida diaria o el hecho de vivir interconectado en red lleva necesariamente a que el concepto de frontera física resulte irrelevante para determinados actos delictivos. La cibercriminalidad adquiere y seguirá adquiriendo un protagonismo que requerirá todos nuestros esfuerzos para ser eficaces en la lucha contra la misma.

En consecuencia éste es precisamente el gran reto que yo destacaría y que no es otro que la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos para garantizar la adecuada adaptación y actualización de los instrumentos y normativa existente en materia de cooperación judicial internacional que nos permitan dar una respuesta adecuada, rápida y eficaz a esa nueva forma de criminalidad organizada de carácter transnacional y virtual que se está imponiendo. Necesariamente deberemos ser capaces de desarrollar unos instrumentos de cooperación rápidos, flexibles, seguros y eficaces amparados en un adecuado marco normativo que también requerirá una permanente actualización y adecuación a una realidad que, demasiado frecuentemente, evoluciona mucho más rápido que la norma escrita.

Para terminar, destacar que al igual que en otros sectores estratégicos de la cooperación bilateral, es un desafío la articulación de una línea de cooperación triangular entre España y Marruecos con países del África Subsahariana, similar a la que la AECID ya ha desarrollado con gran éxito en América Latina.  El ámbito de la justicia y de la modernización de la administración han sido identificados por la AECID y por ANCI (Agence Marocaine de Coopération Internationale) como sectores de cooperación en que podría comenzar a articularse dicha cooperación triangular.

¿Existen equipos conjuntos de investigación integrados por miembros de ambos países para delitos especialmente graves, como los de terrorismo o crimen organizado?

No, en estos momentos no existe la posibilidad que se regula en la Ley 11/2003 para el ámbito de la Unión Europea. Ello sin perjuicio de que en un futuro pudiera avanzarse en ese aspecto. 

¿Las sentencias contra marroquíes acordadas por tribunales españoles o las de españoles dictadas en Marruecos son ejecutables en ambos Estados para evitar la impunidad cuando el condenado se encuentre en su país de origen?

En realidad yo creo que en la pregunta planteada se recogen dos cuestiones que deben de ser tratadas de forma separada. La primera sería si las sentencias, de naturaleza penal, dictadas en un país son ejecutables en el otro y la segunda si ello evita la impunidad del condenado si el mismo se encuentra en el país de origen.

Respecto a la primera, hemos de decir que con carácter general no es posible, pues no lo prevé el Convenio bilateral de cooperación vigente entre ambos países. Digo en general pues algunos pronunciamientos concretos de la sentencia, como pudiera ser la incautación de los bienes procedentes del delito sí tendrían cabida. Ello nos lleva precisamente a unos de los aspectos sobre los que hay que seguir trabajando conjuntamente para ver cómo podemos avanzar en este aspecto. Pero, y ya entro en la segunda cuestión, ello no supone por sí mismo que se produzca impunidad pues, dependiendo de la nacionalidad del autor se podrá pedir su extradición o, en caso de no ser posible por ser nacional del país de residencia, la realización de una transmisión de denuncia que permita la iniciación de actuaciones a fin de poder ser enjuiciado en su país de origen.

¿La crisis sanitaria actual está alterando de alguna manera los proyectos en materia de justicia que están en marcha?

Sin duda, en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el sector de la justicia, el Covid-19 está afectando a la ejecución de los proyectos en marcha. La mayor parte de los proyectos se articulan a través de asistencias técnicas que tienen como objetivo llevar a cabo un acompañamiento de las instituciones marroquíes en sus procesos de modernización. En este sentido, si bien las asistencias técnicas pueden articularse a través de formaciones e intercambio de expertos a través de la modalidad presencial-virtual, lo cierto es que la falta de contacto directo reduce el reforzamiento efectivo de redes de confianza entre las contrapartes.  

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